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Fernando Fuentes Pinzon
El Banco Mundial publica todos los años (desde el 2003) un
informe sobre hacer negocios, comparando las circunstancias de varios países,
llamado en inglés: "Doing Business", analizando casi todas las
economías nacionales del planeta, lo que se ha convertido, en una especie de
acta de buena o mala conducta de la normativa empresarial, con las
implicaciones que eso conlleva, tanto para los inversionistas como para los
países.
Ya anteriormente habíamos analizado el informe para
Venezuela (Doing Business 2012: Venezuela), y su significado en algunas de las
categorías principales que afectan a los emprendedores del país, ahora lo
comparamos un año después (2013).
En este año (2013), basado en los datos del informe "Doing Business 2013”, nuestro país Venezuela,
aparece en el puesto 180 (hemos bajado una posición, ya que el año pasado, de forma global estábamos en la vergonzosa posición 179, ahora, estamos un poco peor que en el informe anterior) de 185 economías analizadas. En la región latinoamericana, ocupamos el puesto 32, de 32
naciones evaluadas.
Ambas posiciones, reflejan una realidad terrible para
emprender o mantener operaciones mercantiles en el país. Y urge, tomarlo en
cuenta, para cambios que permitan estimular, por lo menos, la captación de
mayores y mejores inversiones, como país.
Independientemente de cómo podamos analizar el mismo informe y su metodología, la realidad es que se ha convertido como una medida de referencia global, ganándose a pulso, un lugar en la opinión pública, por lo cual, sus resultados, no deberían pasar indiferentes para ningún país que desee un desarrollo de su sector empresarial.
El informe "Doing Business" se basa en dos grupos de indicadores: los relacionados con la fortaleza de las instituciones
competentes en materia de regulación empresarial (estos se centran en las categorías: obtención de crédito, protección de inversores, cumplimiento de contratos y resolución de la insolvencia), y los que tienen que ver con
la complejidad y el costo de los procesos (se refieren al costo y la eficiencia de los procesos en las áreas de apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, pago de impuestos y comercio transfronterizo).
De estas, las que nos afectan directamente, como
emprendedores o propietarios de Pequeñas y Medianas empresas, son cinco principalmente: Apertura de un negocio; Pago de Impuestos; Obtención de
créditos; Cumplimiento de Contratos y Resolución de Insolvencias) por ello, a continuación desarrollamos un poco más cada una de estas
categorías.
Apertura de un negocio: En esta categoría en específico, somo cinco puestos menos competitivos que el año pasado, ya que pasamos de pertenecer al puesto 147 (2012) al 152 (2013). Al observar en profundidad, podemos entender que esto viene de dos factores, el primero es el aumento en los días para empezar un negocio, basado en el cumplimiento de las regulaciones existentes, las cuales pasaron de necesitar 141 días (2012) a 144 (2013) días en procedimientos administrativos, y el segundo, la mejora competitiva de nuestros países vecinos, ya que lograron reducir un día más, pasando de 54 días a 53. No sólo estamos peor comparados con nosotros mismos, sino con los países de la región. Igualmente, se mantienen los procedimientos calculados en 17 para
crear una empresa en Venezuela. El promedio de América latina y el caribe, es
de 9, es decir, somos, prácticamente, un 100% más formales que los demás países
de la zona, con lo cual, nuestros emprendedores o empresarios pequeños y
medianos, deben enfrentarse al doble de requerimientos administrativos para
poder operar de forma legal.
Pago de Impuestos: En esta categoría, el empresario
venezolano (de todos los tamaños) debe realizar unas 71 declaraciones
impositivas con sus respectivos pagos al año (esto representa uno más que el año pasado), mientras que nuestros vecinos latinoamericanos, sólo requieren realizar unas 30 declaraciones anuales (lo que representa una mejora con respecto al año 2012). Sin embargo, como aspecto positivo se redujo el tiempo a emplear (presumo que por la informatización del cobro), ya que pasamos de necesitar 864 horas (2012) a 792 horas (2013). Igualmente, el costo de los impuestos sobre las ganancias (incluyendo los impuestos especiales, que tanto han florecido en estos tiempos), representan una carga impositiva del 62,7% (un 0,8% menos que el informe anterior), mientras a nivel latinoamericano, estos se calculan en 47,2% (igualmente, con una reducción del 0,5% con respecto al año 2012). Una vez leído esto, podemos entender que en Venezuela de cada 100 bolívares producidos en beneficios del
emprendedor o empresario del país, el Estado tiene una cuota de 62,7 bolívares
y el creador de ese beneficio, una ganancia del 37,3 bolívares (esto sin
contar, que se requieren dos contratos de servicios privados, porque el Estado
no logra dar un servicio adecuado, esto es en materia de Seguridad y Salud, y
la posibilidad de la aplicación de multas y medidas de cierre temporal, que los
organismos del Estado central están acostumbrados a aplicar). La realidad
comparada, en los países de la zona, es que los impuestos, representan el 47,2 % de las ganancias, lo cual, significa un sistema no confiscatorio del
beneficio al empresario. Esto es crear las condiciones contrarias para estimular los emprendimientos.
Obtención de Créditos: Dentro de esta categoría existen dos ítems que nos dan una visión de la realidad crediticia nacional, siendo el primero el nivel de protección a quien otorga el crédito (posibilidad de recuperación contra el insolvente), el mismo está valorado en 1 sobre 10 puntos (de una lista que empieza en 0 y termina en 10, siendo este último, las mejores condiciones). Para entender lo malo de esta cifra, en el resto de los países de la región se obtiene una media de 6 sobre 10, es decir, otorgan en promedio un nivel de protección superior en un 500% a nuestro país. Y, el otro ítem se refiere al uso de créditos por parte de personas o empresas en la banca privada, la cual representa en promedio un 15,7%, mientras que en el área latinoamericana esta proporción es más del doble, representando un 33,8%.
Cumplimiento de Contratos: En este punto, nuestra posición no es tan mala, ya que estamos en el puesto 80 de 185, aunque hemos bajado dos puntos con respecto a nuestra posición en el año anterior (es decir, en el informe 2012 estábamos en el puesto 78). El punto que requiere una revisión urgente, es el costo de utilizar las vías judiciales, que representan un 43,7% de lo solicitado en la demanda, siendo los gastos de ejecución y de tribunales (sumados) superior incluso a los honorarios profesionales de los abogados. A nivel latinoamericano, los gastos de emplear las vías judiciales representan un 30,8% sobre lo demandado.
Resolución de Insolvencias: Dos ítems son realmente alarmantes, el primero está referido al costo del procedimiento de quiebra, que se calcula en un 38% del valor de los bienes de la empresa, mientras que en américa latina es de 16% y el otro, a la efectividad de los procedimientos para recuperar parte de la inversión (llamada la tasa de recuperación que se mide en centavos por dolar invertido que el acreedor de la empresa en quiebra pueda obtener de vuelta), ya que mientras en américa latina la misma se sitúa en 34,1 centavos por dolar, en nuestro país, se llega muy tímidamente a la suma de 6,4 centavos de dolar, lo que es igual a la pérdida casi absoluta del capital invertido.
En estas cinco categorías claves, es urgente una reforma o
creación de políticas específicas (entre otras medidas), para crear un clima
más propicio para el inicio de mayores actividades empresariales, más que la
presencia en los discursos políticos del término emprendedor, el cual, es un
buen síntoma, pero no aporta realmente ni un ápice para la creación de nuevas empresas,
reflotación de las ya existentes o mejores posiciones para el informe del año
que viene.
Fernando Fuentes Pinzón
@emprendovzla
